Combatiendo el fraude sin fronteras: colaboración interregional en América Latina y más allá

La sesión reunió a representantes del sector financiero, organismos de protección al consumidor, empresas de tecnología y pagos, especialistas en prevención del fraude y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y América del Norte. El intercambio se orientó a identificar condiciones que permitan fortalecer la colaboración interregional frente a las estafas digitales, con especial atención a los mecanismos de prevención, protección y respuesta desde la perspectiva del consumidor.

Reducir la fragmentación mediante la colaboración interregional

Uno de los principales ejes de la conversación fue la necesidad de reducir la fragmentación existente entre áreas, instituciones y sectores. Se señaló que fraude, ciberseguridad, prevención de lavado de dinero, telecomunicaciones, plataformas y autoridades suelen intervenir sobre distintas partes de un mismo fenómeno, aunque no siempre bajo esquemas coordinados de intercambio de información. Desde la experiencia del Capítulo México se destacó la importancia de avanzar hacia una comprensión compartida de la cadena del fraude y de acompañar este trabajo con estudios y acciones de awareness que permitan comunicar de manera más clara cómo operan las estafas y qué medidas de protección pueden adoptar las personas.

La dimensión de protección al consumidor adquirió especial relevancia al analizar las condiciones que favorecen o dificultan el reporte. Desde México se presentó la experiencia de coordinación interinstitucional frente a posibles fraudes relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo monitoreo de plataformas, redes sociales y comercios virtuales. En ese contexto se señaló que una proporción muy elevada del fraude digital no llega a reportarse y se vinculó esta situación con la falta de confianza en que acudir a las instituciones produzca una respuesta efectiva. La intervención subrayó la necesidad de combinar coordinación entre autoridades, sector privado y sistema financiero con acciones de educación y orientación al consumidor.

A partir de este punto, la discusión amplió la noción de prevención. Se planteó que los controles tecnológicos y el intercambio de datos constituyen una parte de la respuesta, pero que la protección también depende de la capacidad de las personas para reconocer señales de riesgo, comprender cómo operan las distintas modalidades de engaño y saber cómo actuar ante una situación sospechosa.

La comunicación fue identificada como un componente funcional de la estrategia antifraude. La sesión recogió la importancia de desarrollar mensajes claros, accesibles y oportunos que contribuyan a reducir la confusión y faciliten la toma de decisiones del consumidor. La prevención fue entendida no sólo como una actividad informativa, sino como una capacidad para orientar comportamientos concretos antes, durante y después de una posible estafa.

Facilitar y agilizar el reporte de fraudes

La experiencia del consumidor al momento de reportar fue otro de los temas centrales. Se observó que la existencia de múltiples canales, instituciones y procedimientos puede generar desorientación y pérdida de tiempo. Desde organizaciones de consumidores se propuso analizar esquemas de one-stop shop, entendidos como una puerta de entrada clara para el ciudadano, independientemente de que la gestión posterior involucre a distintas autoridades o entidades privadas.

La discusión incluyó también el papel del diseño de interfaces, la señalización y la experiencia de usuario. Se destacó que la visibilidad del canal de reporte, la simplicidad de las instrucciones y el uso de mensajes comprensibles pueden incidir en la decisión de una persona de actuar con rapidez. Asimismo, se señaló que parte del bajo nivel de reporte puede estar asociado no sólo a la vergüenza, sino también a la incertidumbre respecto de dónde acudir y qué hacer.

Este planteamiento permitió identificar un campo específico para las campañas de prevención y protección al consumidor. De acuerdo con lo discutido, dichas campañas pueden contribuir a explicar modalidades de fraude, advertir sobre señales de manipulación, reforzar conductas de verificación y orientar sobre los pasos a seguir en caso de sospecha o afectación. La utilidad de estas acciones radica en traducir un fenómeno complejo en decisiones concretas y comprensibles para las personas.

La conversación vinculó esta dimensión preventiva con la recuperación de fondos. Se planteó que la prevención nunca elimina completamente el riesgo y que, una vez consumado el fraude, la expectativa del consumidor se concentra en la posibilidad de recuperar su dinero. También se señaló que la percepción de que reportar no tendrá consecuencias puede disminuir la disposición de las personas a hacerlo, afectando tanto a la víctima como a la generación de información útil para identificar patrones y prevenir nuevos casos.

La experiencia de Malasia fue presentada como referencia para ilustrar la relación entre velocidad de reporte y recuperación. Según lo compartido durante la sesión, la implementación de un sistema nacional de reporte e intercambio de información habría permitido elevar significativamente las tasas de recuperación y, en los casos reportados dentro de los primeros minutos, alcanzar resultados considerablemente superiores. La discusión puso así énfasis en el tiempo como una variable crítica de la respuesta antifraude.

En este marco, la comunicación posterior al incidente también fue considerada relevante. Se destacó la necesidad de que las personas comprendan qué hacer inmediatamente después de detectar una estafa, a qué canal acudir y por qué la rapidez del reporte puede incidir en la posibilidad de limitar el daño. A su vez, se advirtió que una experiencia de reporte fragmentada puede incrementar la vulnerabilidad de las personas e incluso generar escenarios de revictimización.

Combinar los reportes de consumidores con datos institucionales

La sesión también señaló que la responsabilidad de reconstruir una estafa no puede recaer exclusivamente en el consumidor. Los datos aportados por las personas suelen ser parciales y requieren complementarse con información técnica disponible en instituciones financieras, plataformas, telecomunicaciones y otros actores privados. La combinación de ambas fuentes fue identificada como una condición para mejorar la capacidad de detección, investigación y respuesta.

En síntesis, la conversación mostró que la protección al consumidor requiere integrar capacidades tecnológicas, mecanismos de colaboración interinstitucional y estrategias de comunicación orientadas a la prevención y al reporte oportuno. Las campañas de awareness fueron consideradas parte de este esfuerzo en la medida en que contribuyen a reducir asimetrías de información, clarificar rutas de actuación y fortalecer la confianza de las personas en los mecanismos de respuesta.

Suscríbete al boletín de GASA para recibir actualizaciones periódicas sobre prevención de estafas, investigaciones y mejores prácticas.