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Estados Unidos autorizó a empresas privadas a participar en operaciones cibernéticas contra las redes criminales que operan fraude desde el extranjero. El memorándum que firmó Donald Trump el 12 de agosto de 2026 las incorpora bajo dirección y control del gobierno federal, y nombra al fraude financiero entre las amenazas que busca combatir.
Sissi de la Peña, directora del Capítulo México de la Global Anti-Scam Alliance, analizó esa decisión en Forbes México bajo el título "De compartir información a construir inteligencia: el siguiente paso contra el fraude".
Un cambio en la naturaleza de la respuesta
El memorándum se inscribe en una trayectoria más amplia. Estados Unidos venía de una estrategia centrada en defender sus propios sistemas, formalizada en la orden ejecutiva de junio de 2025. La orden ejecutiva de marzo de 2026 dio 120 días a las secretarías de Justicia, Seguridad Nacional, Estado y Defensa para entregar un plan que identificara a las organizaciones responsables de los centros de estafa.
Ese plazo venció a principios de julio, y el instrumento de agosto opera como su mecanismo de ejecución. Las operaciones vinculadas a México ya forman parte de esa agenda: el Tesoro estadounidense ha sancionado en seis ocasiones a la red de estafas de tiempos compartidos operada desde Puerto Vallarta, con más de 90 personas y empresas designadas.
Aun así, el memorándum tiene tres límites claros. No nombra a ninguna organización mexicana como objetivo. No autoriza por sí mismo operaciones sobre sistemas ubicados en el país. Y no aclara cómo se resolverán las cuestiones de soberanía cuando una operación cruce fronteras. Esos vacíos abren un espacio de definición en el que México necesita llegar a la conversación con posición propia, construida sobre la convergencia entre las agendas de ciberseguridad y antifraude.
Esa posición empieza por dimensionar lo que ocurre en casa. De acuerdo con el reporte Estado de las Estafas en México 2025, elaborado por GASA, las pérdidas por estafas en el país superaron los 139 mil millones de pesos durante 2025.
El 76% de las personas encuestadas confía en su capacidad para reconocer una estafa, y quienes afirman identificarla siempre perdieron en promedio más dinero que el resto. Durante años la prevención se construyó alrededor del último eslabón de la cadena, enseñando a las personas a no abrir un enlace o a desconfiar de una llamada. Ese trabajo sigue siendo necesario y encuentra sus límites frente a estructuras que automatizan el contacto con millones de personas y cambian de mecanismo en horas.
De la información a la inteligencia
La evidencia sobre una misma operación criminal está repartida. Un banco observa una transferencia sospechosa. Una telefónica registra un patrón de llamadas. Una plataforma detecta cuentas creadas bajo patrones similares. Una autoridad recibe denuncias coincidentes. Cada actor sostiene una pieza del mismo caso.
Saber que una cuenta recibió una transferencia sospechosa es información. Descubrir que esa cuenta está conectada con otras veinte creadas bajo patrones similares, y que los números telefónicos asociados aparecen en denuncias de otras entidades, es inteligencia.
Producirla requiere estándares comunes, reglas claras sobre qué puede compartirse y con quién, y una definición sobre qué institución tiene el mandato de convertir esas señales en inteligencia accionable. La segunda mesa redonda del Capítulo México identificó que las funciones de fraude, ciberseguridad y prevención de lavado de dinero trabajan con el mismo dato sin conectarlo. La ley de ciberseguridad que discute el Congreso es el instrumento disponible para habilitar ese intercambio con reglas.
Agradecemos a Forbes México el espacio para esta conversación.
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De compartir información a construir inteligencia: GASA México en Forbes
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